La jueza que ha imputado a dos ex altos cargos de Ayuso estuvo en el Gobierno de ZP y dejó en libertad al hijo de Pumpido

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, María Isabel Durántez Gil, ha imputado a dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso -Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo- por los protocolos aplicados en las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia del covid-19. Se trata de una causa que ha sido reabierta a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid tras haber sido archivada provisionalmente hace casi tres años.

El Juzgado 3 de Madrid se convierte así en el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Una decena de juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de juzgados todavía tiene que pronunciarse.

Cabe recordar que Durántez Gil fue nombrada directora general de Interior de la Xunta de Galicia en el bipartido gallego que presidió el socialista Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009 año, este último, en el que pasó al Gobierno de la nación aupada por José Luis Rodríguez Zapatero, quien la eligió como directora general de Marina Mercante que dependía del Ministerio de Fomento.

Además, la juez, que pertenece a la asociación izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia, saltó a la palestra mediática en noviembre de 2023 cuando, como titular del juzgado de instrucción número 44 de Madrid, decretó la puesta en libertad del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien había sido detenido acusado de un delito de agresión sexual por una joven prostituta brasileña.

Se da la casualidad de que Durántez es próxima a la familia Conde-Pumpido, como ella misma describió en 2011, en un artículo publicado en el diario El País sobre la hermana del veterano jurista, Teresa Conde-Pumpido. A Teresa «le encanta prolongar el tiempo con los amigos entre una cena y una copa. Ahí aparece la mejor Teresa, la apasionada de la política y de la vida, la compañera (...) la madre cómplice y siempre, la amiga leal», relataba la magistrada.

Además, tal y como publicó El Debate a finales de 2023, los mentideros judiciales apuntan a que la juez Isabel Durántez, como hermana de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, se sitúa muy «próxima» a la que también fuera fiscal general del Estado, hoy de Memoria Democrática, Dolores Delgado y, por extensión, al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. De hecho, fue este último quien ascendió a Marta Durántez como número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en sustitución de Miguel Ángel Carballo, en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal.

Antes de postularse como candidata a ser la teniente fiscal del órgano judicial central, donde asumió la coordinación de terrorismo de la AN, Marta Durántez había trabajado a las órdenes del propio García Ortiz, en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mur y Martínez Peromingo

Los dos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid imputados por María Isabel Durántez Gil, son Carlos Mur, quien fuera director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19, y Francisco Javier Martínez Peromingo, que era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.

Tal y como recoge Europa Press, la petición de la Fiscalía de Madrid que ha reabierto la causa encuentra su origen en una denuncia colectiva de 109 familiares de personas fallecidas en residencias durante la pandemia, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno madrileño, por la comisión de un supuesto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.

El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva efectuada en octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes, y las del Área de Móstoles (28), de Getafe-Leganés (15) y de Alcalá de Henares (13).

De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados correspondientes, según han informado las asociaciones.

En cuanto a los 48 procedimientos con querella previa, la Fiscalía Provincial solicitó en todos los casos que declarasen como investigados los «autores intelectuales y los firmantes del protocolo, ya identificados en la denuncia», en referencia a Mur, firmante de dicho protocolo de no derivación, y a Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al de Mur, según han detallado ambas entidades.