El Gobierno de Page troceó y adjudicó a dedo contratos menores por 171.000 euros al mismo despacho de abogados

Casi 200.000 euros al mismo beneficiario. Un modus operandi idéntico: contratos troceados. Y un promotor vinculado íntimamente a Emiliano García- Page. Ese es el llamativo cóctel que explica la relación entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y un despacho de abogados, según la documentación que hoy publica El Debate.

La Fundación Impulsa, un ente público dependiente de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, programó con motivo de la celebración de las actividades de la Región Europea del Deporte 2024 un concierto de El Barrio en Azuqueca de Henares, que finalmente fue suspendido.

La contratación ascendió a 280.991,73 euros, más IVA, lo que supone un total de 340.000 euros de dinero público, un precio muy alejado de los 60.500 euros que pagó el Ayuntamiento del Valdepeñas (Ciudad Real). Y para justificar la viabilidad económica-financiera de un contrato por un precio final mayor de casi 300.000 euros, la Fundación Impulsa solicitó un informe especial a un despacho de abogados al que lleva adjudicando contratos menores troceados desde hace años, tal y como ha podido comprobar este periódico.

Contratos menores troceados y adjudicados a dedo

La investigación de este periódico ha permitido constatar que el despacho de abogados encargado de realizar el estudio de mercado es un proveedor de servicios de asesoramiento jurídico habitual para la Fundación, pues encadena contratos menores, uno tras otro, sin que haya una licitación pública de por medio, tal y como exige la ley.

Este concierto era una de las actividades principales de la agenda programada para las celebraciones que la Fundación Impulsa había preparado y se concretó a través de un contrato negociado sin publicidad cuyo precio había sido fijado «tras la realización de un estudio de mercado, realizando consulta a profesionales del ramo, y calculado en base a la experiencia de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha en proyectos anteriores».

Este informe, según la documentación a la que ha accedido El Debate, fue encargado a B. Barba asociados, una asesoría jurídica con sede en Madrid, que se limitó a ratificar el presupuesto recibido, en el que se destinaban 185.000 euros para el caché del artista; 89.711,90 para la producción; y 6.279,83 para la agencia, sumando un total de 280.991,73 euros.

Así, señaló en su «análisis de mercado y plan de ventas» que «contrastados estos costes con otras actividades de similar naturaleza a la que se pretende contratar, estos dependen de la valoración del artista que se decida contratar y de la previsión de recaudación en función del espacio escénico». A esto añade que, «el caché proviene del contrato exclusivo de la mercantil con el artista», mientras que el coste de la producción «se ajustan a otros similares ya ejecutados mediante contrataciones anteriores de la propia Fundación Impulsa Castilla-La Mancha», por lo que los considera «adecuados y ajustadas a precios de mercado», pese a que no se han comparado con otros organismos organizadores. Según las comprobaciones efectuadas por este periódico, no consta acreditada la condición como experto económico de la firma.

Sin embargo, en este informe especial elaborado y del que la Junta se ha negado a detallar el importe, se omite cualquier referencia al concierto celebrado en Valdepeñas con el mismo artista por un importe de 60.000 euros frente a los 340.000 firmados por la Junta, importe que finalmente no abonó por encontrarse aquél enfermo.

La viabilidad económica del concierto se basaba en una simple «fórmula» que contemplaba tres escenarios posibles en función del precio de las entradas: 40, 35 y 30 euros, concluyendo que «con una promoción adecuada», el evento era «viable y justificado».

La fundación 'justifica' los contratos troceados

Tal y como consta en un documento de la fundación del pasado 25 de abril y al que ha accedido en exclusiva El Debate, «la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha desde el año 2018 encomienda la realización de las funciones de asesoría jurídica en materia de contratación pública y expedientes de contratación a B. Barba asociados en los ámbitos específicos que va considerando adecuados mediante la aprobación de presupuestos de contratación menor», sin más detalles.

Sin embargo, tal y como ha podido comprobar este periódico, las contrataciones con esta firma jurídica no son algo puntual, sino que se mantienen en el tiempo. Este despacho es adjudicatario a dedo de reiterados contratos menores, bajo la denominación de «servicios de asesoramiento jurídico». Así, por ejemplo, en 2023 ese fue el concepto empleado cada mes, desde enero a diciembre, cambiando únicamente el precio final hasta alcanzar los contratos troceados un total de 27.000 euros, superando la cuantía máxima del contrato menor de 15.000 euros conforme al artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

En 2018 les fueron adjudicados mediante contratos menores mensuales 33.780,00 euros; en 2019, 17.280,00 euros; en 2020, 22.000,00 euros; en 2021, 19.750,00 euros; en 2022, 24.500,00 euros; en 2023, 27.000,00 euros; y en 2024, 26.500,00 euros; por lo que todos los años supera el límite máximo de contrato menor, llegando casi a duplicarse en alguno de ellos, hasta llegar a un montante total de 171.310 euros acumulados en estos años.

Esta actuación, troceando el importe de los contratos, según los expertos juristas consultados está prohibida expresamente por la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, por lo que podría ser objeto de investigación por parte del Tribunal de Cuentas.

Una fundación pública ligada a Page

El presidente de la Fundación es el secretario general de Presidencia del Gobierno, Rafael Perezagua, mano derecha de Page desde antes de su llegada a la Junta y con el que trabajaba codo con codo ya en sus tiempos de alcalde de Toledo, donde además de teniente de alcalde fue portavoz.

Page creó esta fundación pública en 2016 tras fusionar tres instituciones: la Fundación para la Promoción de CLM, que gestionaba la publicidad institucional, la del Greco y la de Cultura y Deporte y de la que forman parte otros altos cargos del Gobierno.

Conforman el patronato, junto a Perezagua, Carmen Teresa Olmedo, viceconsejera de Cultura y Deportes; Ainhoa Aguado, directora general de Promoción Institucional; María Elena Escobar, directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas; y Roberto Soto; jefe de gabinete de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Por su parte, las funciones de director gerente quedan en manos de Gabriel González Mejías, el único de los cargos citados que tiene un sueldo dependiente directamente de la fundación, que según señala en su web asciende a 59.594 euros anuales, aunque es un acuerdo firmado en 2016.

Las explicaciones de la Fundación Impulsa

Según ha manifestado a este periódico el gerente de la Fundación Impulsa, Gabriel González Mejías, la diferencia con respecto a las cantidades antes citadas, que no han sido desmentidas en ningún momento, estriba en los suplidos de un abogado, que «no forman parte de los honorarios propios del abogado». Asimismo, mantiene que el importe anual del contrato suscrito con B.Barba para asesoramiento en contratación pública es de 14.999 euros.

No ha mostrado los contratos firmados, y sí varios documentos relativos, algunos de ellos sin la firma de la propia Fundación, a la «iguala de servicios jurídicos de contratación pública». La primera de ellas, con fecha 1 de noviembre de 2017 hasta enero del 21; la segunda, desde enero de ese mismo año hasta enero del 25 y la tercera, desde enero del 25 hasta diciembre del 25, prorrogable anualmente por acuerdo de las partes. Según los abogados consultados, «se trata de una contratación en claro fraude de ley, por más que se empeñen en llamarlo iguala. Es un contrato troceado que supera el umbral de los 15.000 euros dada además su duración multianual».

El portavoz de la Fundación alega respecto de los datos publicados que «por error, en el portal de transparencia, se han reflejados los importes totales de cada mes» y que «una vez detectado e identificado este error, de forma inmediata, se subsanará», tal y como ya han hecho, tras alegar que no conocen de nada a la empresa adjudicataria y que procede de la etapa de la presidenta María Dolores de Cospedal.

Según ha podido comprobar este periódico, el auditor de cuentas de Impulsa no ha formulado reparo o salvedad contable, como tampoco consta que la Junta haya formulado algún reparo en su labor fiscalizadora respecto a estos contratos menores troceados que denomina «igualas», superando el umbral de gasto con carácter plurianual. Asimismo, la Fundación Impulsa incumple la Ley de Subvenciones y la normativa en materia de Transparencia al no publicar en el portal de Transparencia las subvenciones percibidas.